El Sindicato de Inquilinas ha convocado una huelga general el 11 de noviembre por la situación de la vivienda, reclamando:
1.- Casas para vivir, no para especular
2.- Un gran parque público de vivienda
3.- Seguridad residencial: que no nos echen de casa
4.- Bajada de los precios
5.- Derechos sindicales de vivienda
6.- Salarios, pensiones y servicios públicos dignos
Esta reivindicación coincide con la principal demanda que las personas con experiencia de pobreza y exclusión trasladaron a la Junta Directiva de EAPN Euskadi cuando les preguntamos qué prioridades debían orientar nuestro Plan Estratégico 2026–2030: el acceso a la vivienda
La Vivienda se ha convertido en el principal problema social en Euskadi; la falta de oferta ante la demanda existente, el encarecimiento paulatino de los precios, tanto de alquiler como de compra, el aumento de la especulación inmobiliaria… todo ello nos lleva a una situación insostenible, donde el derecho a la vivienda resulta imposible para una parte importante de la población. Especialmente nos preocupan las personas más vulnerables, las más pobres… las personas sin hogar.
Ante esta problemática, en Euskadi, se ha instaurado el derecho subjetivo a la vivienda, y se han desarrollado diversas estrategias y planes de actuación para combatir el sin hogarismo o la exclusión residencial grave.
De hecho, según datos del INE y Eustat, Euskadi lidera la actuación pública ante esta problemática:
• Euskadi ofrece 3,2 veces más plazas que la media estatal:
– Euskadi tiene el 13,1% de las plazas de alojamiento que existen a nivel estatal, cunado su población no supera el 4,6% de la población estatal.
– Euskadi tiene 5.242 plazas, Cataluña 5.305 y Madrid 4.919
• El gasto de funcionamiento de los centros alcanza los 46,9 €/habitante en Euskadi frente a los 11,4 € del resto del Estado. Además, el gasto en centros vascos se incrementó un 36,1% entre 2022 y 2024, sostenido en un 93,6% por financiación pública.
Y, así y todo, según los datos del propio Gobierno Vasco
• Casi 110.000 personas han solicitado una vivienda a Etxebide.
• El 28,5% de las unidades convivenciales inscritas en Etxebide comparte vivienda.
• El 80% de las personas que necesitan su primera vivienda dispone de ingresos insuficientes o inestables. Esto significa que ocho de cada diez no pueden acceder sin ayuda al mercado libre, ni mediante compra ni mediante alquiler.
• Los hogares arrendatarios destinan de media el 37,9% de sus ingresos al alquiler, claramente por encima del 30% considerado razonable. Además, uno de cada cuatro hogares dedica más de la mitad de sus ingresos a pagar la renta.
• El precio de la vivienda usada se sitúa cerca de los 3.000 euros por metro cuadrado, aproximadamente 1.000 euros por encima de la media estatal. Euskadi es una de las comunidades autónomas con los precios más elevados.
• El número de personas sin hogar en Euskadi ha aumentado de las 1.704 detectadas en 2012 las 4.326 detectadas en el 2024. En poco más de una década se han multiplicado por 2,5 el número de personas que sufren esta situación.
Es imposible un proyecto vital sin un hogar; es imposible un proceso de inclusión social sin un alojamiento digno donde poder desarrollarlo. Es necesario que la vivienda sea un derecho real y efectivo para todas las personas y especialmente para la infancia y la adolescencia.
Eapn Euskadi reclama:
Una regulación más accesible y universal para el derecho a la vivienda en Euskadi.
Una reelaboración más efectiva de la Estrategia vasca contra la exclusión residencial grave o el sin hogarismo.
Una estrategia específica contra el sin hogarismo femenino.
Una regulación que permita mejorar la eficacia del Tercer Sector Social como agente social de vivienda asequible.
Una regulación de la red de viviendas de inclusión que desarrolla le Tercer Sector social en Euskadi.
La incorporación de la perspectiva de infancia y adolescencia en las políticas de vivienda, con especial atención a las situaciones de pobreza y exclusión social, para prevenir la pérdida del hogar y garantizar alternativas residenciales adecuadas y estables, en entornos seguros que permitan mantener la continuidad educativa y los vínculos comunitarios de niñas, niños y adolescentes.
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