La red plantea al Parlamento Vasco estudiar una medida de condonación selectiva para las personas afectadas por cobros indebidos derivados de retrasos, desajustes administrativos o causas no imputables a las personas perceptoras
Bilbao, junio de 2026
EAPN Euskadi ha trasladado a los grupos parlamentarios del Parlamento Vasco una propuesta para abordar las deudas generadas por la percepción simultánea o solapada de la Renta de Garantía de Ingresos —RGI— y el Ingreso Mínimo Vital —IMV— cuando dicho solapamiento se haya producido por causas ajenas a las personas perceptoras.
La entidad plantea que Euskadi estudie una medida similar a la impulsada en Asturias, donde se tramita una proposición de ley para dar solución a las deudas contraídas por la percepción indebida del salario social básico y el IMV cuando el origen del problema sea imputable a la Administración.
Desde EAPN Euskadi se subraya que la propuesta no pretende condonar fraudes ni incumplimientos deliberados. Su objetivo es ofrecer una salida justa, proporcionada y eficiente a situaciones en las que personas y familias en situación de vulnerabilidad han recibido una prestación destinada a cubrir necesidades básicas mientras otra administración resolvía, reconocía o abonaba con retraso una prestación compatible, sustitutiva o coordinada.
“Una medida de condonación en Euskadi sería justa para las personas afectadas, eficiente para Lanbide y positiva para la sociedad vasca. No se trataría de debilitar el control del sistema, sino de hacerlo más inteligente, más proporcionado y más humano”, señala EAPN Euskadi en su propuesta.
Un problema que genera angustia social y carga administrativa
La red recuerda que muchas de estas deudas no nacen de fraude, ocultación o mala fe, sino de la dificultad de coordinar dos sistemas de garantía de ingresos. La consecuencia es que hogares que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad reciben posteriormente una reclamación de deuda, lo que añade incertidumbre, estrés económico y burocracia a personas que carecen de recursos suficientes.
Además del impacto en las personas afectadas, EAPN Euskadi advierte de que esta situación también supone una carga relevante para Lanbide, que debe tramitar expedientes de reclamación, comunicaciones, alegaciones, compensaciones, fraccionamientos, seguimiento de pagos, recursos y atención presencial o telefónica.
Según los datos recogidos en la propuesta, los pagos indebidos de Lanbide vinculados a perceptores de RGI se redujeron de unos 40.000 casos en 2023 a menos de 8.000 en 2024. Sin embargo, la sincronización con el IMV estatal sigue siendo uno de los principales problemas: se informó de 6.908 personas afectadas en 2023 y 4.569 en 2024.
Una medida con beneficios sociales, administrativos e institucionales
EAPN Euskadi considera que una solución normativa, selectiva y garantista permitiría aliviar a familias vulnerables de deudas que no derivan de una conducta fraudulenta, reducir la angustia y el miedo administrativo, prevenir situaciones de empobrecimiento añadido y reforzar la confianza en el sistema vasco de garantía de ingresos.
La entidad también destaca los beneficios para Lanbide y para el conjunto de la sociedad vasca. Una medida de este tipo permitiría liberar carga administrativa, reducir litigios y reclamaciones, mejorar el uso de los recursos públicos y reforzar una visión del sistema basada en derechos, justicia y proporcionalidad.
Para EAPN Euskadi, resolver estas deudas supondría además separar con claridad los errores administrativos del discurso del fraude, contribuyendo a desestigmatizar a las personas perceptoras de prestaciones sociales.
Llamamiento al Parlamento Vasco
EAPN Euskadi solicita a los grupos políticos del Parlamento Vasco que tengan en cuenta esta propuesta y adopten las medidas necesarias para acabar con un problema que afecta injustamente a muchas personas y familias en Euskadi.
La red recuerda que Euskadi fue pionera en la implantación de un sistema de garantía de ingresos y considera que también tiene capacidad para dar una respuesta justa, eficiente y humana a los desajustes derivados de la convivencia entre la RGI y el IMV.