Bilbao, 1 de octubre de 2026. Desde EAPN Euskadi hemos trasladado a los y las representantes vascas en el Congreso de los Diputados nuestro posicionamiento ante la próxima convalidación de los nuevos reales decretos-ley aprobados en materia de vivienda, reclamando que esta oportunidad legislativa se traduzca en una protección efectiva de las personas que encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda y permanecer en ella.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de septiembre dos normas: el Real Decreto-ley 26/2026, dirigido a proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible, y el Real Decreto-ley 27/2026, orientado a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Ambas normas deberán someterse al procedimiento de convalidación parlamentaria previsto para los reales decretos-ley. BOE
Desde EAPN Euskadi consideramos que el debate debe situarse especialmente en la realidad de quienes tienen menos capacidad económica y mayores dificultades de acceso y mantenimiento de la vivienda. En Euskadi, el diagnóstico es especialmente preocupante: la exclusión residencial grave ha pasado de 1.704 personas en 2012 a 4.326 en 2024, mientras que, según el diagnóstico del Plan Director de Vivienda de Euskadi, alrededor de 70.000 personas de entre 18 y 44 años manifestaban en 2023 la necesidad de acceder a su primera vivienda.
La principal barrera continúa siendo económica. El 80 % de las personas que necesitan acceder a su primera vivienda dispone de ingresos insuficientes o inestables, lo que dificulta enormemente el acceso al mercado libre, tanto en compra como en alquiler. A finales de 2024, Etxebide acumulaba además 99.872 solicitudes, de las cuales cerca de 79.400 correspondían a vivienda protegida en alquiler.
Esta realidad no afecta únicamente a quienes todavía no han podido emanciparse. Una parte importante de las personas demandantes ya vive de manera independiente, pero lo hace en alquiler libre, en habitaciones o compartiendo vivienda y, en muchos casos, destinando una parte excesiva de sus ingresos a poder mantenerla.
Para EAPN Euskadi, la vivienda es una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos y un elemento central de cualquier estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por ello, el reconocimiento formal del derecho a una vivienda adecuada debe traducirse en políticas capaces de evitar que una persona pierda su hogar por falta de recursos y de impedir que el coste residencial absorba una parte inasumible de los ingresos familiares.
En este sentido, hemos pedido a los diferentes grupos políticos que respalden las medidas que amplían la protección y promuevan las mejoras necesarias para que lleguen especialmente a quienes más las necesitan. Garantizar el derecho a la vivienda implica no solo facilitar el acceso a un hogar digno, sino garantizar también que las personas puedan permanecer en él en condiciones de seguridad y estabilidad.